El PRI de ‘Alito’ Moreno rechaza asistir a la investidura del nuevo Poder Judicial
XY NEWS. La política mexicana atraviesa un momento de alta tensión con la instalación del nuevo Poder Judicial derivado de la reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual mandataria Claudia Sheinbaum. En este contexto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezado por Alejandro “Alito” Moreno, anunció que su bancada no participará en la investidura de los nuevos jueces y magistrados, programada para este lunes 1 de septiembre en el Senado de la República.
Moreno calificó el acto como una “farsa” y aseguró que representa la consumación del “secuestro del Poder Judicial” por parte del partido gobernante, Morena.
PRI rechaza legitimar la investidura judicial
En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Alejandro Moreno explicó la postura del PRI frente a la ceremonia en la que 881 juzgadores federales, incluidos los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rendirán protesta.
“Nuestra decisión es firme, clara y contundente, y responde a un principio de congruencia política. No vamos a legitimar esta gran farsa”, declaró el dirigente priista.
El también legislador insistió en que su partido no puede ser cómplice de lo que considera un proceso autoritario. Según Moreno, la reforma judicial y la elección de jueces celebrada el pasado 1 de junio destruyó el equilibrio de poderes, convirtiendo al Poder Judicial en “un brazo ejecutor del Gobierno, al servicio del régimen”.
Reforma judicial: una transformación polémica
La investidura del nuevo Poder Judicial es resultado directo de la reforma constitucional promovida durante el sexenio de López Obrador. Por primera vez en la historia, los ciudadanos fueron convocados a las urnas para elegir a jueces, magistrados y ministros, en un proceso que incluyó:
- 881 cargos judiciales federales (de entre más de 3,400 aspirantes).
- Más de 1,800 cargos judiciales locales (con alrededor de 4,000 candidatos).
Sin embargo, la elección registró una participación estimada del 13%, con más del 10% de votos nulos, lo que generó fuertes cuestionamientos sobre su legitimidad.
Diversos sectores de la oposición, organismos internacionales y organizaciones civiles criticaron el proceso por la falta de filtros adecuados en las candidaturas y la premura con la que se organizó. A pesar de ello, Morena y sus aliados defendieron la reforma como un paso hacia la “democratización de la justicia”.
Un nuevo Poder Judicial bajo la lupa
La sesión solemne en el Senado de la República está programada para las 19:30 horas de este lunes 1 de septiembre. En ella, tomarán protesta los nuevos integrantes del Poder Judicial, incluidos los ministros de la SCJN.
Un hecho histórico marcará la ceremonia: por primera vez, la Suprema Corte será presidida por un ministro de origen indígena, lo que Morena y el oficialismo destacan como un símbolo de inclusión y transformación social.
No obstante, para el PRI y otros partidos de oposición, la investidura es vista como la culminación de un proyecto autoritario que concentra el poder en manos del partido gobernante.
Las acusaciones de “Alito” Moreno
Alejandro Moreno fue contundente en su crítica:
- Aseguró que no avalarán un modelo que “impone la ley del más fuerte”, donde la justicia se convierte en arma política contra los opositores.
- Señaló que el nuevo Poder Judicial dejará “indefenso al pueblo de México” frente a un régimen que busca intimidar y controlar.
- Prometió que el PRI defenderá la división de poderes “incluso con nuestra propia vida”.
Estas declaraciones se suman a la confrontación creciente entre el PRI y Morena en el Congreso, donde las reformas impulsadas por el oficialismo han reconfigurado el mapa político del país.
Trifulca en el Senado: el antecedente inmediato
El rechazo del PRI a la investidura se da pocos días después de un incidente que aumentó la tensión política. El miércoles pasado, Alejandro Moreno protagonizó una trifulca en el Senado con el legislador Gerardo Fernández Noroña, aliado de Morena.
El enfrentamiento inició cuando Moreno reclamó que la bancada del PRI no tuvo uso de la palabra durante toda la sesión. Molesto, subió al estrado y comenzaron los empujones, jaloneos y manotazos entre senadores.
La mayoría oficialista condenó la agresión y calificó de “cobarde” la conducta de Moreno. Sin embargo, el dirigente del PRI negó haber provocado el altercado y solicitó su incorporación al Mecanismo de Protección tras denunciar supuestas amenazas en su contra.
Morena defiende la legitimidad del proceso
Por su parte, la bancada de Morena en el Senado ha defendido la investidura y la elección del Poder Judicial como un acto de justicia democrática. Argumentan que la ciudadanía tuvo la oportunidad de elegir a los jueces y magistrados, rompiendo con décadas en las que estos cargos eran definidos por élites políticas.
Además, destacan que la llegada de un ministro de origen indígena a la presidencia de la SCJN es un avance histórico en materia de inclusión y representatividad.
Un escenario de confrontación política
El 1 de septiembre no solo marca la instalación del nuevo Poder Judicial, también simboliza la profundización de la división política en México. Mientras Morena celebra lo que considera una transformación histórica, el PRI y otros partidos opositores acusan un intento de consolidar un régimen autoritario.
La ausencia del PRI en la ceremonia será un gesto político que, sin duda, aumentará la confrontación en el Senado y marcará la narrativa pública en los próximos meses.
Conclusión
El rechazo del PRI de “Alito” Moreno a participar en la investidura del nuevo Poder Judicial refleja la polarización que vive la política mexicana. Para el oficialismo, la reforma judicial y la elección de jueces representan un paso hacia la democratización; para la oposición, son la prueba de un “secuestro del Poder Judicial” que pone en riesgo la división de poderes.
Lo cierto es que este lunes 1 de septiembre será recordado como un día histórico: México estrena un nuevo modelo judicial, con más de 800 jueces electos por voto popular y una Suprema Corte encabezada por primera vez por un ministro indígena.
Entre el aplauso oficialista y la crítica opositora, el país da inicio a una nueva etapa en su vida institucional, cuyo verdadero impacto solo podrá medirse en los próximos años.
