El CJNG diversifica su imperio criminal: ahora domina el robo de combustible con complicidad interna en Pemex

XY NEWS. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha hecho del huachicol su segunda fuente de ingresos. El contrabando de gasolina robada, la corrupción dentro de Pemex y el silencio oficial alimentan una red criminal que genera millones de dólares al mes.

24 de mayo de 2025 — El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha expandido su presencia criminal más allá del tráfico de drogas, consolidando una operación millonaria en el robo y contrabando de combustible, también conocido como huachicol. Hoy, esta actividad representa la segunda fuente de ingresos del cártel, solo por detrás del narcotráfico, y se ha convertido en una amenaza directa a la seguridad energética y financiera del país.

El nuevo negocio del crimen organizado: gasolina robada

Según reportes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el CJNG ha construido una red sofisticada para extraer, trasladar y vender combustible robado, utilizando una combinación de empresas fachada, logística transnacional y complicidad interna en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Esta red no solo opera en México: parte del combustible robado es contrabandeado hacia Texas, donde es vendido a través de intermediarios, generando ganancias millonarias por cada envío.

Empresas fachada al servicio del CJNG

Las investigaciones de las autoridades estadounidenses han identificado a Servicios Logísticos Ambientales y Grupo Jala Logística como dos de las principales empresas implicadas en esta operación ilegal. Ambas están vinculadas a César Morfín Morfín, alias “El Primito”, un conocido líder del CJNG en Tamaulipas.

Estas compañías simulan transportar “aceite usado” o “material peligroso” con documentación falsa, lo que les permite cruzar la frontera sin ser detectadas. Una vez del lado estadounidense, el combustible robado se introduce en el mercado negro y es distribuido a través de redes de compradores que, muchas veces, desconocen su origen ilícito.

Millones de dólares en pérdidas para el Estado mexicano

El impacto económico de esta red de huachicoleo es devastador. Solo en los últimos dos años, se estima que el CJNG ha provocado pérdidas millonarias a Pemex y al erario nacional, al desviar miles de litros de combustible que debieron haberse comercializado legalmente.

Mientras tanto, el crimen organizado sigue aumentando su poder financiero, territorial y operativo, utilizando estos recursos para ampliar su influencia en sectores estratégicos como la política local, las aduanas y la seguridad privada.

Sanciones internacionales: Estados Unidos toma cartas en el asunto

Ante la magnitud del problema, el gobierno de Estados Unidos ha implementado sanciones económicas contra personas y empresas vinculadas al contrabando de combustible operado por el CJNG. Estas sanciones incluyen congelamiento de activos y prohibiciones de transacciones con ciudadanos o entidades estadounidenses.

Las medidas buscan cortar el flujo financiero que sostiene estas operaciones, pero también exponen la fragilidad institucional de México, donde las redes criminales pueden operar desde dentro de empresas estatales sin consecuencias visibles.

Corrupción interna en Pemex: un eslabón clave del huachicol

Una de las piezas centrales de este esquema delictivo es la presunta colaboración de empleados corruptos dentro de Pemex. Estos funcionarios, según informes de inteligencia, facilitan el acceso a ductos, alteran registros de carga y permiten la extracción ilegal de combustible en puntos estratégicos del país.

La falta de vigilancia interna, la opacidad en los procesos logísticos y el desmantelamiento de controles de supervisión han creado un entorno ideal para que el CJNG extienda sus tentáculos dentro de la paraestatal.

Cooperación binacional: esfuerzos insuficientes para frenar el huachicol

Aunque México y Estados Unidos han intensificado la cooperación en materia de seguridad e inteligencia financiera, la realidad en el terreno muestra que los esfuerzos siguen siendo insuficientes. El CJNG ha demostrado una capacidad de adaptación que supera a las instituciones encargadas de detenerlo.

A pesar de operativos conjuntos y acuerdos de colaboración, el robo de combustible continúa expandiéndose, afectando no solo las finanzas públicas, sino también la seguridad de las comunidades donde el cártel impone su control mediante la violencia y la cooptación de autoridades.

El silencio del gobierno: un factor que fortalece al crimen

Uno de los aspectos más preocupantes de esta crisis es el silencio oficial ante la corrupción y complicidad interna en Pemex. Hasta ahora, no se han anunciado investigaciones formales ni castigos ejemplares a empleados vinculados a estas operaciones.

Esta omisión institucional ha sido interpretada por expertos como una tolerancia implícita al crimen organizado, que se traduce en un debilitamiento del Estado de derecho y en una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones federales.

¿Hacia dónde va la lucha contra el CJNG?

La consolidación del CJNG en el negocio del huachicol plantea un escenario alarmante: un cártel diversificado, con recursos multimillonarios y una presencia activa tanto en el narcotráfico como en sectores estratégicos como el energético. Este modelo criminal híbrido es más difícil de erradicar y requiere estrategias más complejas que las usadas hasta ahora.

Expertos en seguridad nacional advierten que, si no se actúa con contundencia y transparencia, México corre el riesgo de que organizaciones criminales dominen áreas completas del aparato estatal, lo que representaría un salto cualitativo en el poder del crimen organizado.

Conclusión: el CJNG y el huachicol, una amenaza para el Estado mexicano

El robo de combustible orquestado por el CJNG no es solo un delito económico: es una señal clara del avance del crimen organizado sobre las instituciones del Estado. La complicidad interna, la falta de castigos y la permisividad gubernamental han creado las condiciones ideales para que esta red criminal opere con impunidad.

Mientras las ganancias del huachicol financian armas, corrupción y violencia, el Estado mexicano pierde legitimidad, recursos y capacidad de respuesta. La lucha contra este fenómeno requiere voluntad política real, cooperación internacional efectiva y, sobre todo, un compromiso genuino con la rendición de cuentas.