La delincuencia organizada sigue asestando duros golpes a la economía local. El fenómeno de las extorsiones en Guanajuato, popularmente conocido como “cobro de piso”, ha alcanzado niveles alarmantes durante este año, provocando que al menos 30 comercios y pequeños negocios bajaran sus cortinas de manera definitiva en distintas regiones del estado ante la imposibilidad de pagar las cuotas exigidas y el temor a represalias.

Líderes de cámaras empresariales y representantes del sector comercial informaron que, pese a los esfuerzos de las autoridades por implementar operativos de vigilancia, la presión ejercida por los grupos criminales ha asfixiado a los emprendedores locales, obligándolos a abandonar sus fuentes de ingresos.

El “cobro de piso” asfixia al comercio del corredor industrial

Las denuncias recopiladas por los propios organismos comerciales indican que las exigencias económicas ilegales no distinguen giros ni tamaños. Desde pequeñas tiendas de abarrotes, tortillerías y depósitos de cerveza, hasta restaurantes medianos y talleres mecánicos se han visto en la necesidad de liquidar a su personal y cerrar sus puertas.

Los municipios que integran el corredor industrial del Bajío registran el mayor índice de afectaciones:

  • Celaya y Salamanca: Se mantienen como los focos rojos más críticos, donde los comerciantes reportan haber recibido amenazas directas tanto telefónicas como presenciales de forma recurrente.
  • Zonas periféricas: Municipios aledaños y comunidades rurales también han comenzado a registrar un incremento en el abandono de locales comerciales tradicionales.
  • Impacto laboral: El cierre de estos 30 establecimientos representa la pérdida directa de decenas de empleos formales e informales, mermando el sustento de numerosas familias guanajuatenses.

El reto de la denuncia ante el temor a represalias

Canales de apoyo: Las autoridades ministeriales del estado continúan exhortando a los comerciantes afectados a utilizar la línea especializada contra la extorsión 800 DENUNCIA o las plataformas digitales de la Fiscalía General del Estado, bajo esquemas de absoluta reserva y anonimato para proteger la integridad de los denunciantes.

A pesar de contar con estos mecanismos institucionales, el sector empresarial reconoce que existe una severa cifra negra debido a que muchos afectados prefieren no denunciar por desconfianza o temor a sufrir agresiones directas contra sus locales o familias. La exigencia colectiva de los comerciantes organizados se concentra en demandar estrategias de inteligencia policial que desarticulen las redes financieras de los extorsionadores antes de que continúe el éxodo y la quiebra masiva de negocios en la entidad.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *